En estas jornadas, organizadas por la Asociación Ámbito, han debatido figuras de relevancia política, representantes del tercer sector y testimonios de primera mano sobre la situación de la salud mental en las prisiones valencianas. 

 

Tabarés ha sido lo primero a tomar la palabra, dando las gracias a la Asociación Ámbito para apoyar a los que "probablemente son la sombra de la sombra" en el contexto de las personas con problemas mentales, las judicializadas. Así mismo, ha profundizado en el problema de la salud mental, agraviado por la pandemia del COVID y en el plan de choque valenciano en el cual se está trabajando desde el propio Comisionado. 

 

"El Comisionado tiene como objetivo la puesta en marcha de un plan valenciano de salud mental, drogodependencias y conductas adictivas. Se trata de un plan, no de una estrategia ni de una ley sobre salud mental", ha explicado. 

Así mismo, Rafael Tabarés ha querido puntualizar la diferencia entre oportunidad y oportunismo: "Hay una pequeña línea que separa la oportunidad del oportunismo, de tal manera que el planteamiento de una ley de salud mental puede ser fácilmente vista como oportunista". 

 

"Hay muchos elementos que apuntan al hecho que la estigmatización o los perjuicios continúan siendo una cosa fundamental en relación con las personas con problemas de salud mental. Podemos tener dinero, mejores intenciones… Pero que pasa si los ciudadanos del pueblo tienen información errónea respecto al que pueda suponer la criminalización o el aumento de la delincuencia?", ha expresado el Comisionado sobre las personas judicializadas. 

 

En cuanto a la futura convención ciudadana sobre salud mental en la Comunidad Valenciana, Tabarés ha dicho que "es fundamental hacer un esfuerzo de explicación, de atención a los ciudadanos, para contar con ellos, y en este sentido, desde el Comisionado sabemos que la situación no es fácil en cuanto a recursos de la Generalitat Valenciana, pero queremos redactar un plan que quiere darle la palabra a los ciudadanos mediante un sorteo cívico, donde todas las personas de más de 15 años tengan la posibilidad de ser elegidos para una convención ciudadana a través de la pregunta: Cómo abordaría usted los problemas de salud mental? 

 

"Para nosotros es fundamental la libertad de las personas, los derechos humanos. Por eso queremos que las personas judicializadas con problemas mentales participen. Pensamos que este plan de acción es un instrumento adecuado porque ponemos las bases porque este problema se pueda resolver de una manera mucho más digna y justa", ha añadido.